En las últimas semanas el Poder Ejecutivo Nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que busca modificar la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657/10, eludiendo el debate parlamentario. Dicha legislación había sido aprobada por unanimidad en 2010 y debidamente reglamentada mediante el decreto 603 del año 2013. Fue ampliamente discutida y contó con el apoyo de la mayoría de los actores del campo de la salud mental ya que supone un cambio de paradigma que va en sintonía con otras tantas leyes que se sancionaron en ese periodo y que tienen como denominador común la ampliación de derechos de grupos fuertemente vulnerados. En 2016, nuestra provincia adhirió plenamente a la legislación nacional mediante un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Senadores de Entre Ríos y celebrado por toda la comunidad.

El trascendido alertó rápidamente a colectivos y organizaciones de todo el país, que consideraron, en líneas generales, que se trata de una modificación que atenta contra el espíritu de la ley y, de hecho, retrocede respecto del marco normativo vigente en lo relativo a la garantía de derechos humanos fundamentales. En su mayoría, coincidieron en que el proyecto oficial representa una mirada anacrónica de la salud mental y promueve el negocio corporativo de la salud y los medicamentos. Hubo voces que lo consideraron una “derogación encubierta” por ir directamente en sentido opuesto a la letra expresada en la ley, reinstalando la lógica manicomial.

En Entre Ríos, se volvió a convocar la Asamblea Permanente en Defensa de la Ley de Salud Mental que se conformó el año pasado. Las reuniones se sucedieron en la Facultad de Trabajo Social, la Escuela Normal y una instancia pública en la Plaza 1º de Mayo. De esos encuentros surgió -además del debate y el intercambio- una campaña virtual y de afiches autoimprimibles que se extendió rápidamente por el resto del país. Participan activamente de la asamblea usuarios de servicios de Salud Mental junto a familiares y amigos, profesionales y otros trabajadores de la salud, trabajadores del ámbito académico y funcionarios políticos locales y provinciales. Experiencias similares se replicaron en diversos puntos de Argentina y latinoamérica y son varios los documentos y comunicados que circulan manifestando el repudio a este proyecto.

Ante este panorama, desde Nación -sin mucha urgencia- mediante la figura del flamante Ministro de Salud Adolfo Rubinstein salieron al cruce aduciendo que el documento original era, en realidad, un borrador y que existe la intención de solicitar aportes a todos los sectores involucrados. La pregunta sigue siendo ¿hay que volver a reglamentar la ley?

Mientras tanto, en el panorama local, varias fueron las voces que se manifestaron en disconformidad asistiendo a la asamblea: Karina Llanes (concejala de Cambiemos), Estefanía Cora (concejala del Frente Para la Victoria), Carlos Berbara (Dirección Pcial. de Salud Mental y Adicciones) y Ángel Giano (Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de Entre Ríos). El Concejo Deliberante de Paraná realizó por unanimidad una comunicación que  votó el rechazo al proyecto de reforma de la 26.657 ya que “no se condice con los aspectos centrales del articulado de la misma significando una verdadera reforma legislativa sin seguir el procedimiento adecuado, produciendo efectos no deseados establecidos en los considerandos de la presente y fundamentalmente en lo que respecta a la perspectiva de Derechos Humanos reconocidos en la misma.”

Pero, ¿por qué oponerse a una modificación? ¿Que no todas las leyes y reglamentaciones son perfectibles y sujetas a revisión? ¿No es atribución del Poder Ejecutivo Nacional realizar este tipo de decretos? ¿Es que la 26.657 es realmente posible o se parece más a una utopía?

El proyecto no comulga con la ley desde la concepción misma de la Salud Mental ya que lo hace desde una perspectiva biologicista que desconoce la multicausalidad de los padecimientos mentales. El malestar no se “ubica” en ninguna parte del cuerpo, sino que es un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos. Además, la perspectiva médica hegemónica excluye los abordajes interdisciplinarios al sostener que todas las disciplinas deben estar bajo la dirección o coordinación del «médico experto» y retoma el modelo tutelar de incapacitación que suprime la voluntad del usuario para tomar decisiones y lo transforma en objetos de cuidado, ya no en sujetos con derechos, sino en «pacientes».

Este proyecto no sólo intenta transformar la concepción de la salud mental como un proceso complejo y multideterminado, sino que atenta contra ella, pasando a denominar a los padecimientos mentales como «trastornos mentales y de la conducta», poniendo el acento en la enfermedad y el diagnóstico tomando en cuenta las enfermedades mentales clasificadas. Si una persona no cabe en esta clasificación, podría significarle la imposibilidad de acceder a los servicios de salud.

Contrario a lo que especifica la 26.657 -que sostiene que los tratamientos deben realizarse en hospitales generales y prohíbe la creación de nuevos hospitales especializados (manicomios y comunidades terapéuticas)- el intento de modificación ubica a la Salud Mental en el hospital monovalente -a los que llama «hospitales especializados»- reforzando, además, la lógica de la especificidad, como si se tratase de un campo cerrado, claramente delimitado. Además, atenta con la atención del padecimiento EN la comunidad: enfermamos con otrxs y sanamos con otrxs. Ninguna crisis vinculada a un padecimiento mental puede ser superada en un contexto de aislamiento, lejos de nuestros lazos sociales y familiares. Está más que probado que la exclusión, además de vulnerar derechos, produce el agravamiento de los padecimientos.

Se aduce también que se puede ver amenazada la independencia del Órgano de Revisión, un organismo creado por la ley, encargado de controlar el cumplimiento de ésta en lo concerniente a garantizar el trato digno para los usuarios y el resguardo de sus derechos humanos básicos. La nueva reglamentación colocaría al Órgano de Revisión dentro de la órbita del Ministerio de Salud, es decir, el organismo se debería controlar a sí mismo.

Desde la Asamblea Permanente en Defensa de la Ley de Salud Mental Entre Ríos se está convocando actualmente a una marcha y movilización que tendrá como lugar de concentración la Plaza 1º de Mayo de Paraná el lunes 11 de diciembre a las 18 horas. Se invita a esta actividad a todxs lxs ciudadanxs, organismos e instituciones que estén interesados en visibilizar nuestra defensa de los derechos humanos a la salud, laborales, culturales, sexuales y reproductivos, ambientales, educativos, sociales, etc.