El 13 de diciembre presentó su renuncia Andrew Blake a la Dirección Nacional de Salud Mental.Es importante recordar que desde diciembre del año 2015, junto con una amplia y diversa red de organizaciones de usuarixs, trabajadorxs, universidades, sindicatos, repudiábamos la designación de Blake por sus posicionamientos públicos en contra de la Ley 26.657, por su responsabilidad en la represión en el Borda, el desarme de los equipos interdisciplinarios en la CABA y la presentación judicial para impedir el funcionamiento del Órgano de Revisión.

Durante su gestión se dieron de baja un importante número de contratos de trabajadores de la Direccción de Salud Mental, y así el cese de programas y líneas de acción estatales significativas para sectores de población de diversas provincias cuyos derechos de esta manera se vieron afectados.
Hubieron cambios muy preocupantes en la política ligada a Adicciones/Consumos problemáticos, retrocesos en el compromiso legal con la desmanicomialización, ataques al Órgano de Revisión, la no convocatoria al Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, el vaciamiento de la lógica intersectorial que representaba la CONISMA al ubicarla en el ministerio de Salud reduciéndola a su mínima expresión.

En los últimos meses intentaron modificar la reglamentación de la Ley cambiándole el sentido a la misma en forma inconstitucional.
Entendemos que la Política Nacional en Salud obedece al mandato de las corporaciones e intereses privados. Así lo demuestra el decreto de la CUS y el intento de quebrar la Ley de Salud Mental. Nos organizamos y preparamos para lo que venga, pero aún así, vale que quien hizo tanto daño en dos años se quede afuera de un cargo que nunca mereció.

La ley de Salud Mental no se reforma, se profundiza su implementación.